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sábado, 19 de enero de 2008

lea en La Segunda: CONFLICTO CHILE PERU

Las «señales codificadas» entre Chile y Perú tras demanda en La Haya
Lima mantiene su apuesta por «encapsular» el tema límites, mientras Santiago opta por "poner neutra" en las relaciones bilaterales.Pese a todo, en los últimos meses abundaron gesto de acercamiento: desde una posible devolución de archivos a Perú hasta conversaciones semanales entre cancilleres. Mientras, Alan García sigue cultivando lazos con empresarios chilenos y Bachelet tiene dos viajes en agenda.

Por Gonzalo Gómez y Alvaro Valenzuela

A las 9:30 del pasado miércoles, el embajador de Perú en Santiago, Hugo Otero, no estaba sólo preocupado de lo que ocurría en La Haya. La misma mañana en que el agente de su país, Allan Wagner, oficializaba la demanda de Perú en el Palacio de La Paz -sede de la Corte Internacional, en la ciudad europea-, Otero visitaba la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER) y recibía ofertas de asistencia técnica para las Fuerzas Armadas de su país...

El «dato» lo hacen notar los peruanos como la mejor prueba de su tesis de que, con demanda y todo, las relaciones bilaterales pueden continuar normalmente. Y luego recuerdan que su vicecanciller tuvo la especial preocupación de, esa misma jornada, entregarle en Torre Tagle al embajador chileno, Cristián Barros, una copia del documento que pretende redefinir los límites entre ambas naciones. Este último acto de "deferencia", agregan, habría sido solicitado por el propio Alejandro Foxley.

Tanta atención a ese tipo de gestos, tiene un sentido: en Lima están jugados por convencer a Chile de que, precisamente con la presentación en La Haya, el tema de su cuestionamiento limítrofe encuentra un cauce natural donde quedar «encapsulado», sin afectar el resto de los vínculos con Santiago. De hecho, en el mundo político peruano se va un paso más allá y se dice que el gobierno de Alan ha enviado a la administración Bachelet "señales codificadas", dando a entender que no tenían otra alternativa que concretar una demanda que se anunciaba desde hace años.

Pero, pese a las aparentes "buenas voluntades" -y a que incluso en la Cancillería chilena se admite que García tenía poco margen de acción, dadas las presiones internas de sectores nacionalistas-, el impacto en las relaciones es inevitable y se resume en un concepto: «desaceleramiento». "Pusimos pie en el embrague, enganchamos y vamos a poner neutro", explicitan en el ministerio. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que "ya no está el ambiente" para realizar ni el "2+2" -mecanismo de consulta y coordinación entre Cancillerías y Ministerios de Defensa- ni el desminado en la frontera con Perú originalmente previsto para el próximo mes.

Los malos augurios que se cumplieron

Lo complicado de todo este episodio es que -pese a lo anunciado- se produce cuando todo estaba dado para que los países vivieran una etapa de nuevo acercamiento, propósito con que explícitamente inició su gobierno Alan García. Esa era la época en que, recién electo, el Presidente visitaba La Moneda y aseguraba que el tema marítimo quedaría postergado en su administración. Los tiempos en que, luego, Bachelet le devolvía el gesto, asistiendo a su asunción y cantando el himno patrio peruano en la Parada Militar de ese país.

Al final, sin embargo, los malos augurios de quienes miraban con escepticismo esos acercamientos terminaron por cumplirse. El proceso que se inició a principios del año pasado -cuando, a raíz de la Ley que creaba la región de Arica, el tema de los límites volvió a primer plano- marcó un curso en que los sectores nacionalistas -léase Ollanta Humala y compañía- levantaron todas sus consignas antichilenas. Así, se creó un clima en que las promesas de Alan de postergar las cosas simplemente quedaron en el olvido.

Pese a ello, en Lima todavía hay quienes apuestan a que la situación es manejable. "En Chile son bastante inteligentes para entender que hay señales codificadas y que la intención no es enemistarse", aseguran algunos. En el propio gobierno peruano se mira con comprensión declaraciones como las que ha tenido que hacer Foxley esta semana o medidas como el llamado a informar al embajador chileno. Dicen que la administración Bachelet estaba obligada a adoptarlas para calmar su frente interno y no exponerse a la crítica de la oposición "ni a los Tarud", en referencia a la enérgica postura del diputado PPD.

Por cierto, señalan que a ellos les pasa algo parecido. Y aunque destacan que ninguno de los dos gobiernos ha formulado declaraciones "odiosas" en estos días, sí han tenido que hacer concesiones a los que ven las cosas con "ojos del siglo 19".

En todo caso, dicen estar convencidos de que, más allá de unos días de gestos y declaraciones duras, se retomará la positiva agenda del último tiempo. De hecho, destacan cómo se han preocupado de tomar medidas para contener cualquier escalada conflictiva. Ejemplo de ello, es que los dos cancilleres conversan regularmente (una vez a la semana, aseguran en Perú), lo que da cuenta de la preocupación de ambos por mantener controlados los eventuales focos de conflicto. Y en cuanto a decisiones que pudieran considerarse agresivas, como el cambio de la ley Tacna, le restan trascendencia, bajo el argumento de que sólo se trató de "corregir un error" antes de presentar la demanda y lo comparan con "el error de ustedes en la ley Arica-Parinacota".

El gesto de Educación que pasó inadvertido

Perú hace dos apuestas arriesgadas, reconocen en ese país. Por un lado, están cada vez más convencidos de que la Corte fallará -al menos- con un criterio "equitativo" o considerando ciertos elementos políticos. Estos últimos -creen- estarían dados porque si se determina darle toda la razón a Chile, el régimen peruano podría desestabilizarse, quedando el camino despejado para líderes nacionalistas, propagándose la influencia bolivariana de Hugo Chávez. Sin embargo, tal razonamiento es desmentido por un experto en derecho internacional chileno. "La consideraciones políticas no tienen ningún valor en la Corte, aunque sí han validado criterios humanitarios, como en el caso de Bosnia. Ahora, es cierto que el Tribunal falla de forma más equitativa, según un artículo de la Convención del Mar, pero en este caso hay mapas y hasta manuales de enseñanza peruanos que validan nuestra postura. ¿Cómo van a ignorar los jueces estos antecedentes?", señala.

Por otro lado, Lima hace otra jugada a futuro, buscando una agenda positiva que corra en paralelo y sin ser alterada por el problema que ellos mismos crearon con su cuestionamiento limítrofe. Esto lo fundan a partir de una serie de hechos que han ocurrido en estos mismos días y que no han generado gran ruido mediático, pero que dan cuenta de que no todo es conflicto.

Por ejemplo, el martes -un día antes de que se presentara la demanda en La Haya- la comisión de Hacienda del Senado chileno aprobó unánimemente el Acuerdo de Libre Comercio con Perú, paso que antes ya había dado la de RR.EE. Más significativo aún, el 5 de enero pasado se publicó en el Diario Oficial el decreto N° 2.490 que desafectó del patrimonio nacional chileno, archivos del "Ministerio de RR.EE. y de Hacienda de Perú, así como volúmenes del Ejército del Sur Peruano y Fondos varios". Lo anterior -según los considerandos- busca "que los fondos retorne al Perú" en la línea de lo que ya se hizo con los libros traídos después de la Guerra del Pacífico.

Consejo empresarial binacional continúa sesionando

El gobierno de Alan García estima que también hay una serie de otros sólidos pilares en la relación. Uno de ellos es el empresarial. Hacen notar que con la reciente compra del grupo Wong por Cencosud, las inversiones chilenas en Perú alcanzan los US$ 6 mil millones y cuando existen cifras de esa magnitud es del interés de ambos países -y de sus empresarios- afianzar sus lazos de confianza.

Recuerdan que, en oposición a lo que ocurría hace algunos años, hoy Lima está jugada por seguir atrayendo capitales de Chile y no dejan de recordar la reunión de Alan García con el Consejo empresarial binacional el año pasado en el propio palacio de gobierno. Dicha cita marcó la impronta de los vínculos que quieren mantener en el campo económico y desde entonces el consejo -que presiden Juan Francisco Raffo por Perú y Hernán Somerville por Chile- ha vuelto a sesionar con un último encuentro en octubre.

Además, el mismo Alan García está decidido a invitar a una veintena de empresarios chilenos para que viajen junto a privados de otros países en los próximos meses en la idea de recibir su colaboración para la Cumbre Apec, en noviembre.

Los dos viajes de Bachelet en agenda

La Presidenta Bachelet debería viajar en dos ocasiones a Perú este año: en mayo para la cumbre Unión Europea-América Latina y en noviembre para la señalada cita Apec que se realizará en Lima. La decisión de ir o no será delicada, considerando que ya suspendió su asistencia al seminario de la Confiep (empresarios privados) que se hizo en octubre y donde Bachelet era una de las oradoras principales.

Sin embargo, en el edificio Carrera le restan dramatismo a los periplos y dicen que las visitas a Perú no son ni oficiales, ni de trabajo, ni de Estado; son participaciones a reuniones internacionales. "Nosotros nos vamos a reunir con los países europeos en mayo, porque ahí se hace la Cumbre UE América Latina y vamos a la APEC en noviembre porque ahí se realiza", puntualizan en el ministerio de RR.EE.

El enojo de Allan Wagner y la confirmación de Goñi para el "2+2"

Considerando estos antecedentes, el ministro Foxley ha encabezado febriles reuniones en estos días para diseñar los pasos a seguir. Conocida la formalización de la demanda ante La Haya, se puso en marcha un cuidadoso plan que desembocó en una puesta en escena con el Canciller leyendo una declaración donde "lamentaba" la presentación y con una bandera chilena como telón de fondo y todo el equipo jurídico flanqueando su espalda.

De ahí en más, la decisión pasó por llamar o no a informar al embajador de Chile en Perú, Cristián Barros. El problema inicial no era llamarlo, sino que cuándo devolverlo y en qué circunstancias -considerando que habitualmente se repone al embajador una vez subsanado el impasse diplomático o cuando hay un gesto de la contraparte-, pero en Santiago están conscientes que eso no ocurrirá, tomando en cuenta la postura peruana y los años que la Corte tomará en resolver el asunto.

Por eso, la tesis apunta más por un "realismo político", entendiendo que congelar la relación con un país vecino, durante cinco o seis años que durará el proceso no tiene mucho sentido. Además, en Cancillería consideran relevantes los fuertes lazos establecidos como los 100 mil peruanos que viven en el país (que recientemente fueron beneficiados por una amnistía propiciada por el ex ministro del Interior Belisario Velasco, línea que en Lima esperan que Pérez-Yoma mantenga) o los US$6 mil millones de inversión en Perú.

Considerando estas señales, la suspensión del programa "2+2" y la modificación del "timming" para el desminado en la frontera, es una decisión que la Cancillería discutió antes de la demanda peruana con el propio García Belaúnde y con el entonces ministro de Defensa Allan Wagner, quien se molestó por la suspensión porque su par chileno -José Goñi- le había confirmado su presencia. Sin embargo, el ministerio de RR.EE. chileno «bajo el pulgar» aludiendo a que la agenda para los meses de agosto, septiembre y octubre no era "tan sustanciosa".

Sellado el tema y ante la inminente presentación peruana en La Haya, en Chile tomaron nota de que el "ambiente no estaba para insistir en la reunión", aunque ella se podría materializar en el tercer o cuarto trimestre de ese año, dependiendo de cómo se vaya dando el asunto en la Corte Internacional.


¿Por qué la presentaron?

¿Por qué, pese tantos gestos de cercanía y en tan buen momento de las relaciones bilaterales, igual Perú presentó su demanda?

Es la pregunta que se intenta responder en la Cancillería.

Entre las causales que llevaron a tomar la medida, los anális incluyen la caída en la popularidad del Presidente García -que en noviembre llegó a su punto más bajo, con un 34%- o la señalada influencia de Humala quien lideró una protesta por el modelo económico y que-según legisladores peruanos- "misteriosamente, a los pocos días, saludaba el TLC con EE.UU. o pedía unidad de las fuerzas políticas para diseñar una política de Estado en torno a la demanda ante La Haya, siendo que es reconocido por su postura anti-sistema".



Rodrigo González Fernández
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